Cuando tuvo lugar la discusión de la reforma tributaria aprobada en diciembre, uno de los compromisos que asumió el Gobierno, tras escuchar las quejas de los empresarios, fue el de presentar una nueva propuesta impositiva en el segundo semestre del 2015. Esta tendría como característica la de ser estructural, es decir que trataría de cambiar sustancialmente el régimen actual y equilibrar mejor las cargas entre los contribuyentes.
La necesidad de una cirugía de fondo en esta materia es conocida. Los más diversos análisis muestran que el conjunto de normas con que contamos es inadecuado, si de impulsar la competitividad del país se trata. El estatuto tributario es extenso, confuso y se presta a interpretaciones contradictorias, además de facilitar la evasión y la elusión de gravámenes.
Los insumos para el articulado que se le propondrá al Congreso serían esencialmente tres. Uno consiste en adoptar las recomendaciones de una misión de expertos que deberá ser convocada pronto y estará concentrada en el régimen de entidades sin ánimo de lucro. Los otros dos son los respectivos diagnósticos hechos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional.
Precisamente, el concepto de la Ocde fue presentado este lunes en Bogotá, dentro del Estudio Económico para Colombia que realiza el organismo compuesto por 34 naciones y al cual el país aspira a ingresar como miembro pleno en un futuro cercano. El mensaje central es que necesitamos “una reforma tributaria integral para impulsar la inversión y diversificar la economía”.
La razón es que el sistema actual no solo no promueve la eficiencia y la equidad, sino que es muy complejo. Por diferentes razones, mientras unos cuantos pagan mucho, la mayoría no lo hace o aporta una mínima parte de lo que le correspondería.
Semejante diagnóstico se enmarca dentro de una realidad. Esta es que nuestros niveles de recaudo de impuestos se encuentran por debajo del promedio de América Latina y a considerable distancia de lo que es normal entre los socios de la Ocde. En términos de proporción, el fisco recibe el equivalente de una quinta parte del Producto Interno Bruto, lo que nos ubica por debajo de Chile o Brasil, para solo citar un par de ejemplos.
Aparte de lo anterior, el porcentaje de ingresos públicos que dependen de minería y petróleo ha venido aumentando y esa dependencia creciente se puede volver un dolor de cabeza. El desplome en las cotizaciones de las materias primas va a golpear las finanzas estatales cuando se necesita que la inversión pública no disminuya para que la economía siga a su ritmo. Eso sin hablar de los costos del posconflicto, algo que se ve mucho más probable por estos días.
En consecuencia, aparte de modificar el peso de las diferentes fuentes, habría que recoger más plata, insinúa la Ocde. Las fórmulas no son novedosas y coinciden en términos generales con los conceptos que han emitido Fedesarrollo y otras entidades.
Así, lo que se propone es bajar la tarifa de impuestos que pagan las sociedades, al tiempo que en el caso de las personas el esquema se hace más progresivo. Gravar los dividendos y eliminar exenciones son parte de la receta.
Por otra parte, se habla de reducir la evasión a través de una mezcla de mejor administración y mayores sanciones. También está el tema del IVA, cuya base debería expandirse, mientras que su nivel podría elevarse, como origen de mayores recaudos.
Ninguna de esas opciones es sorpresiva. De hecho, podría decirse, los técnicos las suscriben. El problema es político. Lograr pasar en el Capitolio un recetario como el enunciado parece imposible, dada la cantidad de intereses particulares que hay.
Sin embargo, ese no puede ser un argumento para rendirse antes de dar la pelea. Con el insumo recibido ayer, el compromiso de la reforma estructural es ahora más fuerte.
Ricardo Ávila Pinto
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